CIUDAD DE MÉXICO — Hace cuatro años, Guatemala parecía estar lista para entrar a una nueva era democrática sustentada en el Estado de derecho y la transparencia. Las protestas ciudadanas y algunos jueces valientes habían logrado lo que parecía imposible: un presidente en funciones, Otto Pérez Molina, y otros miembros de su gobierno fueron enviados a prisión por corrupción.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) —el órgano anticorrupción respaldado por las Naciones Unidas— junto con el Ministerio Público guatemalteco, liderado por la exfiscala Thelma Aldana, demostraron que los políticos poderosos no estaban por encima de la ley. Desde entonces, la Cicig había sido celebrada y considerada un ejemplo a seguir para los países asediados por la corrupción en el resto de América Latina.
Sandra Torres, candidata a la presidencia de Guatemala, el 2 de junio de 2019 Credit Luis Echeverría/Reuters
Su caso es muy distinto del de Thelma Aldana, la predecesora de Porras en la fiscalía de Guatemala. Cuando Aldana anunció su candidatura a la presidencia, se presentaron dieciocho denuncias y querellas en su contra, un juez emitió una orden de arresto y una corte le prohibió que contendiera un día antes de que su candidatura se volviera oficial; todo por cargos fabricados y falsos. Para entonces, Aldana lideraba las encuestas de intención de voto.
La consigna unificadora en esta elección ha sido que no importa quién gane la presidencia, mientras no sea Aldana. Por eso los resultados de la primera vuelta fueron extremadamente fragmentados: Alejandro Giammattei, quien quedó en segundo lugar de los diecinueve aspirantes, recibió menos del 15 por ciento de los votos. Pero serán él y Torres quienes se enfrenten el 11 de agosto en la segunda vuelta por la presidencia de Guatemala.
Alejandro Giammattei, aspirante a la presidencia de Guatemala, el 17 de junio de 2019 Credit Orlando Estrada/Agence France-Presse — Getty Images
Giammattei es respaldado por militares leales al presidente Jimmy Morales y al expresidente Pérez Molina, quien continúa en prisión. En 2018, un año después de que la Cicig investigara y acusara a Morales de financiamiento ilícito de su campaña de 2015, el presidente le prohibió ilegalmente la entrada al país a su comisionado, Iván Velásquez, y más tarde revocó el mandato de la comisión, que cerrará sus puertas en septiembre.
La comisión tiene una lista extensa de logros. En febrero de este año, la Cicig dio a conocer las pruebas de las acusaciones contra Sandra Torres. Y, gracias a sus esfuerzos, 33 diputados en funciones, una quinta parte de la legislatura, son investigados por corrupción, aunque su estatus como legisladores les otorga inmunidad. Estos políticos pertenecen al influyente bloque parlamentario conocido en Guatemala como el Pacto de Corruptos.
Morales y el Pacto de Corruptos planearon y manipularon estas elecciones para protegerse de las investigaciones en su contra y fueron respaldados por otras personas decididas a evitar los desafíos democráticos que ponen en riesgo el statu quo corrupto del país. (De acuerdo con la Cicig, en las últimas dos elecciones, los partidos políticos guatemaltecos han obtenido el 50 por ciento de su financiamiento del crimen organizado y la corrupción).
La Cicig también proporcionó las pruebas por las que Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa del magnate de medios Remigio Ángel González, cuyo monopolio en la televisión abierta guatemalteca ha jugado un papel similar al de Fox News con Donald Trump a favor de Morales y en contra de la comisión, se convirtió en fugitiva de la justicia. En una década, la Cicig ha procesado a más de 680 personas y sus esfuerzos han llevado a prisión a dos presidentes, a militares, a líderes empresariales corruptos y a narcotraficantes. Los más célebres de ellos, como es el caso de Pérez Molina, se encuentran en la prisión militar Mariscal Zavala, desde donde aún ejercen su influencia.
Si analizamos estos comicios como el acto de crimen organizado que está siendo, Morales es el culpable más obvio.
La Cicig es por mucho la institución más popular en Guatemala, tiene un índice de aprobación del 72 por ciento. ¿Qué motivaría a un candidato presidencial a oponerse a la comisión? Sin embargo, si Aldana hubiera estado en la boleta, habría sido la única aspirante con altas intenciones de voto a favor de renovar el mandato de la comisión. Y, a menos que se produzca un giro inesperado —como que Torres o Giammattei prometan apoyar a Cicig para ganar votos al tiempo que traicionan a sus partidarios más poderosos, y, en el caso de Torres, estar dispuesta a enfrentar a un juicio próximo—, esta elección significa el final de la comisión.
Cuando escribo sobre Guatemala para los lectores estadounidenses —como he hecho ocasionalmente en los últimos treinta años—, siempre tengo que responder a la pregunta de por qué debería importarles este país centroamericano.
En muchos sentidos, estas elecciones dicen más sobre el Estados Unidos actual que sobre Guatemala. Es una idea generalizada en Guatemala que el gobierno de Donald Trump fue el facilitador activo de Morales y sus aliados. “El país seguirá estando bajo el control de las mafias que lograron expulsar a la Cicig gracias únicamente al apoyo de Trump”, me dijo mi amigo Manfredo Marroquín, quien dirigió la organización de la sociedad civil Acción Ciudadana y fue uno de los pocos candidatos presidenciales prometedores pero poco reconocidos que representaba a los partidos marginales.
Sin embargo, Morales, un excomediante de la televisión que realizaba montajes cómicos con el rostro pintado de negro, sabe cómo congraciarse con Trump. Al igual que el mandatario estadounidense, pone sus intereses corruptos por encima de los de su país, sobre todo por encima de los ciudadanos más marginados y pobres —en este caso, las poblaciones mayas de las zonas rurales, quienes han estado huyendo en grandes cantidades de la violencia cruda, la pobreza y la falta de oportunidades en Guatemala—. “Siria sin guerra” es como Marroquín describe la situación en el país y predice que habrá un aumento de refugiados desesperados a medida que las mafias corruptas vayan intensificando su control sobre el gobierno y las instituciones.
Estas elecciones guatemaltecas han sido una representación fiel de la falta de respeto a los valores democráticos fundamentales, las instituciones y el Estado de derecho que comparten Morales, Trump y sus simpatizantes. Lo que ha sucedido en Guatemala ha sido una coproducción y probablemente sea la expresión más paradigmática de la visión que tiene Trump de lo que es un gobierno democrático. Estas elecciones son un indicador alarmante del mundo que le gustaría ver a Trump y que está tratando de formar. Todos debemos poner atención.
La democracia de Guatemala, por la que se luchó tanto durante estos años y especialmente en 2015, ahora está casi extinta. Sin embargo, hay señales paradójicas de vida: la participación electoral fue más baja que en las dos elecciones anteriores, algo que no suele ser una señal de vida, pero en este caso lo es, refleja el rechazo generalizado al statu quo. Otra señal es que se presentaron candidatos alentadores, como Marroquín, que quizá obtuvieron visibilidad para el futuro. La más importante entre estas nuevas figuras es Thelma Cabrera, una candidata indígena maya mam que viene de un partido campesino poco conocido, con escasa infraestructura y financiamiento limitado, pero quien recibió el apoyo de Aldana cuando salió de la boleta. En el último conteo, Cabrera quedó en el cuarto lugar de la votación y algunos dicen que si la elección hubiera durado dos semanas más, habría pasado a la segunda ronda. Esa habría sido una gran sorpresa para las mafias políticas de Guatemala.
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